Las violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales[1] se manifiestan de diversas manera sea económica, psicológica, sexual, etc. Nos atraviesan en aquellos territorios de habitamos, en el hogar, en las relaciones sexo-afectivas o bien, en escenarios sociales donde se juegan las responsabilidades de instituciones públicas. El estado a través de las distintas esferas de su incumbencia es activo en el ejercicio de violencias sea por acción u omisión. La indiferencia de las/os senadoras y senadores que obturaron la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2018, debe ser considerado también como un hecho que perpetúa las violencias. La criminalización del aborto que rige en nuestro país en aquellos casos no comprendido por las causales explicitadas en el Código Penal, es un modo de violencia hacia mujeres y personas con capacidad de gestar[2]. Prohibición que consagra la colonización de los cuerpos y las subjetividades, el disciplinamiento de las sexualidades en la medida que se antepone la función reproductiva al deseo y goce. Insistir en considerar a estas personas como incubadoras es violencia no solo por la prohibición de abortar, sino además cuando se condena a estas personas a serios riesgos y muerte por abortos realizados en la clandestinidad.
I. Lo sacamos del closet. Lo llevamos a las calles [arriba]
Este imperativo y exigencia colectiva. ¡Que sea ley! resume uno de los reclamos históricos de años de lucha del movimiento de mujeres y del feminismo respecto de la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto. Sostenido en las calles con el activismo de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también se expresó con la presentación al Congreso Nacional de siete proyectos de ley para su tratamiento[3] y con el masivo acompañamiento de diversas fuerzas políticas y sociales. En 2018, ese imperativo reveló su potencia en las calles de todo el país, mostrando que ese grito es emergente de una lucha transversal y masiva. No obstante, la obstinación retrógrada de un puñado de senadoras y senadores, su indiferencia al torbellino colectivo de la Marea verde[4], puso freno a la sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que otorgue marco jurídico a la despenalización social que ya existe y se manifestó el 13 de junio y el 8 de agosto, en dos jornadas históricas. Esta decisión de condenar a las mujeres y personas con capacidad de gestar a abortos inseguros en la clandestinidad, deja al descubierto otra vez, la arrogancia de las/os representantes de estas instrucciones heteropatriarcales, que creen tener derecho a decidir sobre cuerpos ajenos. Los acontecimientos políticos mostraron, además, que la Marea verde es una potente apuesta política colectiva para que el placer, el erotismo y el goce sean separados de la reproducción biológica y que la maternidad sea elegida. Algo que pone en jaque las normas regulatorias del heterocapitalismo, moviliza la resistencia a una ley IVE por parte de sectores conservadores, lo que no es más que otro recurso para el disciplinamiento de los cuerpos, tal como bien lo explica Foucault en sus trabajos sobre sexualidad y la biopolítica.
Este avance de las fuerzas regresivas por sobre la progresivas significó el freno a la sanción de la ley IVE en 2018, que se hace desoyendo a las mujeres y personas con capacidad de gestar, que aun activando para poner estos reclamos en la agenda política, no están en la mesa donde se diseñan las políticas públicas que les involucran y donde los argumentos que se esgrimen, -muchos de los que se escucharon durante el debate parlamentario[5]-; refieren a la salud, la religión o la moral, pero poco dicen de su propia voluntad. Estas instituciones y sus políticas públicas, sean del ejecutivo o, como en el caso de la IVE, desde el legislativo, dejan al descubierto la deuda que el estado tiene como garante de equidad. En el caso de la negativa de legalizar el aborto, nuestro estado no solo está en deuda con este colectivo organizado, sino que evidencia la falta de equidad respecto del ejercicio de su ciudadanía respecto de otros colectivos sociales que han alcanzado legislar sus reclamos. Esa inferioridad jurídica en nuestro país no es novedad y la tutela sobre las mujeres ha tenido varias expresiones. En las últimas décadas del siglo XIX, por dar algunos ejemplos, las mujeres estaban subordinadas a la potestad de sus maridos dado que no podían educarse, trabajar o comerciar sin la autorización de sus cónyuges. Junto con el impedimento de administrar bienes propios mientras que las mujeres casadas tampoco podían testimoniar en juicios sin la autorización marital, por dar algunos ejemplos, aun cuando la incorporación de estas mujeres en la educación y la cultura iba en ascenso (Barrancos, 2010:20).
II. La ley y las prácticas. El aborto como cuestión de estado [arriba]
La noción de ley resume aspectos normativos que garantizan la ordenación y reproducción del cuerpo social. Con ella, el derecho regula, se impone y opera como legitimador del poder. Sin embargo, el derecho no es pura norma, sino que como discurso social da sentido a las conductas de las personas y las convierte en sujetos. Arma un relato que da cuenta qué se debe hacer y que no, qué decir y pensar y que no. La fuerza del derecho radica que “reprime muchas veces haciéndonos creer que estamos de acuerdo con ser reprimidos y censurados” (Ruiz, 2010: 117). Para ello, la ley habilita, prohíbe o permite y no cumplirla determina una sanción. Una ley IVE correría los límites de lo prohibido y lo criminalizado tal cual rigen hoy en nuestro país y daría marco jurídico a la despenalización social que se ha alcanzado. Sin embargo, no se puede soslayar, que esos procedimientos del derecho en tanto reguladores de límites de lo permitido y de lo prohibido se constituyen de acuerdo a las relaciones sociales imperantes. Por ello, en sociedades con profundas desigualdades sociales como la nuestra, no solo urge despenalizar el aborto, sacar el aborto voluntario del estatus del delito sino, además, legalizarlo para que sea accesible a quienes quieran practicarlo y en condiciones óptimas. De este modo, se acortaría la brecha de las desigualdades de género y clase dado que quienes no poseen recursos económicos están condenadas a abortos inseguros. Pero, además, se mitigaría las violencias físicas, psicológicas, institucionales que sufren estas personas por abortar en la clandestinidad o al toparse con la negativa para hacerlo por causales aun cuando así se encuadra. Queremos poder decidir sin tutela, pero ante la imposibilidad de un aborto libre bien viene uno legal.
La sanción, cumplimiento o no de las leyes no son ajenas al mundo social y político en el que surgen y se presentan como ya se ha dicho. La prohibición del aborto también debe contextualizarse en el marco de las relaciones sociales de producción y los mecanismos regulatorios utilizados para la reproducción social que pone en marcha el estado. El capitalismo se ha sustentado sobre la explotación y las mujeres por el hecho de serlo, han sufrido y lo sufren de modo aún más violento. Silvia Federici, en su libro El Calibán y la Bruja (2015), desarrolló el modo que se fueron configurando las relaciones de poder entre hombres y mujeres durante el momento de transición a la sociedad capitalista algo de lo que echa luz acerca de ciertas desigualdades que se encuentran naturalizadas. Esa contextualización económica y política revela cómo el disciplinamiento de esas mujeres se ejerció con brutal violencia para quedar subordinadas a los varones. Volver sobre estos hechos nos permite comprender sobre qué injusticias estructurales se tejen las prohibiciones y permisos que otorgan las leyes -inclusive las de hoy-; y para revisar con más elementos, el proceso de negación para sancionar una ley IVE y la criminalización que aún persiste en nuestro país. Durante esos siglos, la apropiación de conocimientos y cuerpos de esas mujeres perpetrado cruelmente mediante la quema de las brujas. Esa violencia hacia las mujeres hoy sería claramente tipificada en el marco de las violencias estereotipadas que nos resultan conocidas y merecen estrategias para la prevención y erradicación, aunque no en la medida de la urgencia. En el caso concreto del aborto, la implementación de leyes que lo prohibían y su penalización podía llevar a las mujeres a ser decapitadas se constituyen en los mecanismos legales de esa persecución sin precedentes que investigó Federici. También se desplegó un dispositivo de policías de vigilancia que controlaban a las mujeres embarazadas para forzarlas a declarar su embarazo e impedir que atentaran contra sus embriones y fetos.
Es importante recuperar cómo se enlaza el control de los cuerpos de las mujeres como un hecho económico y político, sea el control de la natalidad, las esterilizaciones forzadas, la mutilación genital o el aborto, como expresiones claras del control que ejerce el capitalismo –la expresión legal es regulada por el estado-; sobre nuestros cuerpos porque nos reconoce fuente de riqueza de acumulación y productora de fuerza de trabajo. Recordemos que la única mercancía que produce plusvalía es la fuerza de trabajo por lo tanto “el útero es mirado literalmente como una fábrica de trabajadores” (Federici, 2014). Esas huellas ancestrales muestran cómo la práctica del aborto ha sido y es, una cuestión de estado y resignificarlos es útil para comprender por qué su prohibición sigue siendo utilizada como instrumento para ejercer el control y disciplinamiento en la sociedad capitalista y heteropatriarcal. Tomamos estos ejemplos históricos para visualizar la apropiación del conocimiento de las mujeres, de su autonomía que incluyó la concepción y el parto, aunque desde ya sabemos que existen otros. Esos dispositivos de control de sus úteros operado por varones y el estado, consolidaron roles y funciones las empujaron y replegaron en el trabajo doméstico, del cuidado. Nancy Fraser (2019) lo describe como “la jugada clave del capitalismo, una valoración perversa de la reproducción social: separar la producción de seres humanos de la producción de beneficios, asignando la primera tarea a las mujeres y subordinándolas a la segunda”. Dicha tarea de división sexual del trabajo, las colocó en el ámbito de “lo privado”, donde dicha tarea se nominó como un “no trabajo” dado que no se recibe un salario, expresión del valor y precio del trabajo e invisibilizador de opresiones, en el modo de producción capitalista. Sin embargo, eran fuente de la producción y reproducción social en las relaciones de producción imperantes. “Sus úteros se transforman en territorio político controlado por los hombres y el Estado: la procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista” (Federici, 2014). Aun se insiste en que lo sean y perpetuar esas formas de opresión desde las instituciones responsables de erradicarlas engrosan las violencias que estas personas reciben.
III. Entre lo prohibido y lo permitido: la desobediencia [arriba]
El aborto es una práctica prohibida y penalizada[6] en nuestro país mientras que es considerado un derecho humano y una cuestión de salud pública por tratados y organismos internacionales a los que nuestro país adhiere[7]. Frente a la doble moral y la ley que los condena, los abortos persisten. Al respecto, el estado tiene la responsabilidad de dar respuesta y diseñar políticas públicas y garantizar la efectiva implementación de la legislación vigente. Recordemos que, si bien el Código Penal de 1921 fue de los más permisivo de su época, aun hoy el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a gozar de los “permisos” para abortar concedidos en él, se encuentra restringido debido a la cantidad de obstáculos que se presentan al momento de requerir un aborto legal, sean jurídicos y/o por parte del sistema médico hegemónico. Ante esta expresión del uso que tiene el derecho como un instrumento disciplinador, no solo es necesario reclamar la existencia de las leyes sino, además, ejercitar la vigilancia activa acerca de su contenido y las formas en que se cumplen o no. Porque como señala Alicia Ruiz
“el derecho instituye sujetos y define identidades. Interviene en nuestras vidas cuando nos promete, cuando no otorga, cuando nos reconoce, cuando nos niega, cuando nos crea expectativas, cuando nos provoca frustraciones. Y, en todo momento, contribuye a dibujar el horizonte del mundo que habitamos, a través de ese relato que ‘crea’ hechos jurídicamente relevantes en la relación con normas ordenadas sistémicamente” (Ruiz, 2003: 3)
Esa creación u omisión de hechos jurídicamente relevantes o el reconocimiento de sujetos además de decisiones políticas nos alertan sobre quiénes deciden y sobre quiénes se decide. Por ello, planteada la función del derecho y el carácter político del aborto, creemos que la indiferencia a los reclamos, la invisibilización de demandas y las consecuencias que dejan desprovistas de derecho a las mujeres, bisexuales, lesbianas y varones trans profundiza diversas violencias las que se agudizan por la persistencia de la clandestinidad y sus consecuencias. Cuando desde el estado se impide abortar, cuando se obliga a continuar con un embarazo a pesar que se encuadre dentro de las causas no punibles, esa violencia se hace efectiva. Esas formas de violencias son respuesta a lo que significa abortar en el marco de las relaciones sociales que hemos descripto. Porque decidir abortar y hacerlo es desafiar el mandato de ser máquinas de producir a las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores que imponen las relaciones de producción imperantes. Pero, además, con el aborto se cuestiona la función social de la reproducción biológica - que viene adherida al carácter esencialista de lo femenino, del ser mujer-; parte fundamental de la familia y sin la cual no hay producción ni reproducción material ni social. Se está subvirtiendo un orden que designa que el destino inevitable de todas las mujeres es parir y posibilita posponer o limitar la función materna o desecharla como posibilidad en nuestra vida. Esa insistencia por recuperar el placer separado de la reproducción biológica y esa batalla para reapropiarse del propio cuerpo, es visto como un ataque al motor del heterocapitalismo y su opresión e inequidad porque “el cuerpo de las mujeres es la gran barrera que el capital no ha sido capaz de superar” (Federici, 2014).
El rechazo a una ley IVE debe comprenderse entonces como respuesta a la desobediencia que significa la decisión y el ejercicio de abortar. Históricamente sometidas a los procesos violentos de colonización del cuerpo, el control y explotación por parte del estado y el mercado en el capitalismo, las mujeres y las disidencias sexuales están construyendo estrategias colectivas para romper con la matriz opresiva. Frente a la potencia que ha mostrado la lucha, con Ni una menos de 2015 y la Marea Verde en 2018, los sectores conservadores, utilizan argumentos que invocan el derecho a la vida en lo discursivo, como en el caso de la ley IVE y activan la movilización de recursos en la esfera legislativa[8]. Esta obstinación por restringir la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar, puede explicarse porque el aborto, más que una práctica íntima y privada como se intenta presentar, es un hecho político según los argumentos desarrollados hasta aquí. Ante la tensión o profunda contradicción entre los alcances del derecho respecto del ejercicio pleno de la propia decisión y las posibilidades de su regulación queda clara la necesidad de una ley IVE, pero además, es indispensable la construcción de estrategias colectivas que conduzcan a la transformación profunda de las relaciones heteropatriarcales imperante en el capitalismo y que perpetúan la violencia hacia mujeres y personas con capacidad de gestar. Porque, por una parte, “reconocer a alguien como sujeto de derecho, resignifica el discurso acerca de ese alguien. La operatividad de ese reconocimiento implica una intervención en el mundo simbólico, con consecuencias tremendamente reales” (Ruiz, 2007:116) Por otra parte, como dice Judith Butler (2015) “No toda libertad política puede ser asegurada o nombrada por una ley, a su vez, las transformaciones políticas no son lo mismo que una forma legal. Debemos tener en cuenta que tenemos que trabajar tanto fuera como dentro de la ley”. Solo transformando las verdaderas estructuras de opresión, será posible erradicar las violencias y en esa tarea el estado es responsable. Para recordárselo está el feminismo anticapitalista, anti racistas, anti colonial, con las migrantes y las disidencias sexuales que estamos construyendo.
Amorós, C. (1991) Hacia una crítica de la razón patriarca. Barcelona. Anthropos
Barrancos, D. (2010) Mujeres en Argentina en Ciencia Hoy. Volumen 20, número 118. Agosto-septiembre. Buenos Aires - http://www.cienci ahoy.org.ar/ch/ ln/hoy118/mujere s.pdf
Bellucci, M. (2014) Historia de una desobediencia Aborto y feminismo. Buenos Aires. Capital Intelectual
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Butler, J (1993) Cuerpos que importan. Sobre límites materiales y discursivos del “sexo”. Editorial Paidós. Buenos Aires.
Butler, J. (2012) Cuerpos en alianza y la política de la calle en Revista Transversales. Número 26
http://www. Trasversales .net/t2 6jb.htm
Federici, S. (2014) El cuerpo debe ser nuestro ni del estado ni del mercado en Revista Marxismo crítico.
Ruiz, A. (2007) Cuestiones acerca de mujeres y derecho en Revista Aportes de la Asociación de Agentes Gubernamentales N° 25 - http://www.aso ciacionag.org.ar/ pdfaportes/25 /08.pdf
* Socióloga feminista. GEPOJU-IIGG/UBA. Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito -CABA-.
[1] Por nuestro posicionamiento político-conceptual para el desarrollo de las violencias, tomamos no solo la noción de mujeres, sino que incorporamos a las disidencias sexuales para nuestros análisis.
[2] Utilizamos mujeres y personas con capacidad de gestar dado que no solo las mujeres transitan esta práctica, sino que también varones trans.
[3] El primer proyecto que se presentó en el Congreso Nacional fue el 28 de mayo de 2007. En mayo del año siguiente volvió a presentarse en la Cámara de Diputados con la firma de 22 legisladoras y legisladores. Desde entonces, la Campaña Nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito ha repetido la presentación cada dos años dado que ese es el tiempo que un proyecto pierde su estado parlamentario si no es tratado. El 30 de junio de 2016 se presentó por sexta vez un nuevo proyecto promovido por la Campaña Nacional y que contó con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas y las firmas de 34 diputadas y diputados pertenecientes a la mayoría de los bloques políticos (FPV, UCR, LDS, PS, PRO, UNA, FIT, entre otros). Dicho proyecto fue tratado en 2018. Luego de la negativa de sancionar la ley, en 2019 la Campaña Nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito presentó un nuevo proyecto que contiene modificaciones al que recibió media sanción que fueron consideradas a partir del debate realizado.
[4] La denominación de Marea verde surge en el contexto de las manifestaciones callejeras por el tratamiento del proyecto de Ley IVE durante 2018. Verde alude al pañuelo verde que se instaló en los cuellos, muñecas, mochilas y ha sido el símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito desde la creación de la Campaña Nacional en 2005
[5] Nos referimos a los debates realizados en el congreso nacional entre posturas a favor y en contra de la ley IVE.
[6] En el código penal de 1921 ya está explicitado el aborto no punible, o legal, en casos de causales. Salud de la gestante, riesgo de vida y violación. Asimismo, desde el plano legal, el Fallo FAL de 2012 expresa que las/os profesionales de la salud están facultados para cumplir con el aborto legal por causales y que no se requiere dar intervención a la justicia. Se trata de un hecho obstétrico y no judicial. El fallo FAL también instó a las autoridades a confeccionar protocolos para estos casos.
[7] Los dos ejemplos internacionales son Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras ser ratificada por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones. Y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Belem do Pará, Brasil. 9 de junio de 1994. Nuestro país adhiere a ambas.
[8] Variadas son las estrategias y se manifiestan también en el control de la natalidad. Con complicidad de agencias internacionales se han indicado esterilizaciones forzadas mientras que el mercado farmacológico investiga las técnicas artificiales de fecundación, etc. También la mutilación genital femenina que aún se práctica y que, si la tasa sigue estable, las jóvenes entre 15 y 19 años victimas de mutilación genital serán 20 millones para 2030 según un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) de 2016.
