La implementación del modelo acusatorio en el Ministerio Público Fiscal

Ley N° 27.063 en las Provincias de Salta y Jujuy

Por, Juan M. Casanovas

El pasado 7 de enero fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº 27.482 que reformó el Código Procesal Penal de la Nación (Ley Nº 27.063) ahora denominado Código Procesal Penal Federal. La sanción de esta nueva norma, implica un cambio sustancial del paradigma del proceso penal y la consagración definitiva del sistema procesal acusatorio, guiado por los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.

Estos postulados también fueron receptados, en forma paralela, por la reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley Nº 27.148), que adecuó su estructura, funcionamiento y dinámica organizacional a las necesidades propias de la lógica adversarial. El nuevo esquema, destaca el rol protagónico de la institución en la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Ello, toda vez que, además del ejercicio y la promoción de la acción penal, le corresponde también la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación, procurando la especialización de la investigación y persecución penal.

Esa nueva lógica impone, asimismo, el abandono del diseño reflejo al Poder Judicial, estructurado sobre la base de un fiscal por dependencia y una fiscalía ante cada órgano jurisdiccional, para pasar a un modelo organizacional dinámico, en el que la actuación del Ministerio Público Fiscal, estará dada por la política criminal y de persecución que se construya acorde a las necesidades de cada provincia o ciudad.

Conforme al cronograma de implementación progresiva de la nueva norma, establecido por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación (art. 7 de la Ley Nº 27.063 y art. 3 de su correlativa Nº 27.482), el pasado 10 de junio comenzó a regir en las provincias de Salta y Jujuy.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal inició acciones internas, dentro de sus estructuras, y externas, con los demás actores del Sistema de Administración de Justicia, en pos de adecuar aspectos institucionales, tecnológicos, presupuestarios y de recursos humanos para alcanzar un sistema moderno, con procesos más rápidos y trasparentes, investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad.

Entre ellas, se diseñó un modelo organizacional y de gestión que permitiese adecuar la representación del organismo en cada sección en la que se ponga en marcha el sistema penal acusatorio, respondiendo a los parámetros fijados por la Ley Nº 27.148 y las disposiciones de la nueva norma procesal. Así, mediante la Resolución PGN 35/19 se aprobó el modelo de la Fiscalía de Distrito, la Unidad Fiscal y la Unidad descentralizada, con la consiguiente distribución de áreas y funciones de las mismas.

En esa línea, y atendiendo a las particularidades que presentan las provincias de Salta y Jujuy, tales como su extensión territorial y su condición fronteriza, a través de la Resolución MP 127/19 se dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Salta, conformada por la Unidad Fiscal Salta, la Unidad Fiscal Jujuy, la Sede Fiscal Descentralizada San Ramón de la Nueva Orán y la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal; y se reglamentó la integración y distribución de funciones de las mismas. Adicionalmente, y por tratarse de una línea de gestión prioritaria, se mantuvo la actuación de las Oficinas de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Salta y Jujuy, creadas por Resoluciones PGN 128/06 y 67/12, respectivamente y la Delegación Regional Noroeste (NOA) de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con sede en la ciudad de Salta, creada por Resolución PGN 2498/16.

El nuevo esquema de organización flexible y apartado de los criterios propios del Poder Judicial, se ajusta a las necesidades originadas en la política criminal y de persecución penal de cada jurisdicción, y promueve una eficiente coordinación entre las diversas dependencias de la Fiscalía de Distrito Salta, las procuradurías, unidades fiscales y demás dependencias auxiliares de la estructura central de la Procuración.

Por otro lado, ponderando la gestión digital de los casos y su solución rápida y de calidad, se impulsó la adecuación y fortalecimiento del sistema informático de gestión y registro oficial de la Institución “Coirón”. Se trabajó en la sensibilización de los operadores respecto de la importancia del adecuado registro en el sistema, reforzando la obligatoriedad de dar de alta la totalidad de casos penales y de registrar los diversos pasos procesales en el mismo. En ese sentido, se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación y Colaboración con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial (Resolución PGN 46/19) que posibilita realizar acciones tendientes a fomentar la mutua complementación y cooperación que contribuyan al desarrollo institucional de ambas partes, entre ellas: asistencia técnica, informática, cooperación y capacitación.

Por otro lado, se reforzaron las capacitaciones y entrenamiento del personal del organismo que operará el nuevo sistema. A través del Plan Estratégico de Capacitación 2019 (PEC) se diseñó un esquema específico de cursos presenciales y virtuales en el que participaron más de 1220 magistrados y funcionarios, relativos a técnicas de investigación y litigación, desarrollo de destrezas para la actuación en audiencias orales, e intercambios de experiencias con otros países avanzados en la materia.

La coordinación con los diversos actores que integran el sistema de justicia ha sido de vital importancia para la implementación exitosa de la nueva norma. En ese sentido, los equipos técnicos de la Procuración celebraron reuniones de trabajo semanales con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para resolver cuestiones logísticas, tecnológicas y la adecuación de la estructura a las nuevas tareas que recaerán en los fiscales de la jurisdicción. Los consensos alcanzados se materializaron en un Convenio de Cooperación y Asistencia interinstitucional, y posteriormente en Actas Complementarias a dicho convenio con la finalidad de promover la locación de inmuebles para la instalación del Ministerio Público Fiscal en las ciudades de Salta y Jujuy (Resolución PGN 14/19), el otorgamiento de 800 computadoras de escritorio (Resolución PGN 15/19) y la provisión del mobiliario necesario. En materia de recursos humanos, se estimaron las necesidades mínimas y se incorporó al requerimiento presupuestario de 2019 una proyección del personal que sería destinado a esa jurisdicción, conforme a una propuesta de implementación gradual.

Se llevaron a cabo los exámenes de oposición escritos de los Concursos Nº 111 y 112, para proveer dos vacantes de Fiscal ante los Juzgados Federales de Jujuy, una vacante deFiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut).

A su vez, atendiendo al esquema de representación y distribución de funciones dispuesto por la Resolución NºAncla 127/19, se consideró necesario un refuerzo de 30 cargos para toda la jurisdicción (3 cargos para cada fiscalía), y la eventual creación de 10 cargos de fiscales y 13 cargos adicionales de auxiliares fiscales.

Las acciones enunciadas demuestran el compromiso asumido por el Ministerio Público Fiscal de coadyuvar a la transformación integral del sistema penal, en el marco de un proceso adversarial que asegure una mejor división de roles entre las partes, fortalezca la participación de las víctimas e instaure la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad como marcas distintivas. Ello, se ha plasmado en los resultados alcanzados en primeros meses de implementación de la nueva norma. Desde el 10 de junio pasado, se iniciaron 524 casos en toda la jurisdicción, se celebraron 75 audiencias bajo el sistema acusatorio y finalizaron 121 casos.