Narcocriminalidad y el problema de edificar sobre suelo pantanoso

Por Danilo Miocevic [1]

I. Introducción [arriba] 

Desde hace algunos años, junto a un grupo de docentes de la Asociación de Estudios sobre el Crimen Organizado, venimos desarrollando disertaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en torno al fenómeno narcocriminal desde diferentes enfoques. La mayoría de ellas, dirigidas a ingresantes a la carrera de abogacía.

Al inicio de estas ponencias, solemos realizar un pequeño experimento: primero nos presentarnos y luego les pedimos a los alumnos que levanten la mano, pero sólo aquellos que consideren que la eventual despenalización y regulación de la venta de marihuana al público sería una política exitosa contra la proliferación de organizaciones narcocriminales. En todos los casos el resultado es rotundo, nueve de cada diez concurrentes levantan la mano.

Acto seguido, repetimos la tarea, pero esta vez con un pequeño cambio en la consigna: se les propone a los alumnos la hipótesis del Estado regulando la venta de heroína. Frente a esta variación, los resultados son completamente opuestos. Jamás levantaron la mano más de dos personas y, por lo general, los rostros de duda inundan el salón.

Finalmente, cuando les preguntamos sobre el sustancial cambio de criterio, las respuestas de los oyentes son de las más diversas, algunas de tendencia moral, otras más ligadas al distinto grado de dependencia generado en los consumidores por cada una de estas sustancias. Pero más allá de ello, una cuestión es innegable: la discusión sobre la despenalización del cannabis ocupa lugar en las agendas latinoamericanas desde hace tiempo como un posible remedio -aunque sea parcial- frente al fenómeno narcocriminal. 

Pero, ¿por qué el debate se encuentra casi vetado en torno a otros estupefacientes? Más adelante volveremos sobre este punto.

Casi 20 años han pasado desde que 147 naciones suscribieron la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en cuyo prefacio el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi A. Annan, advertía lo siguiente sobre las organizaciones criminales: “Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares; pero no son invencibles (...) Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña”.

Sin detenernos entorno a si realmente son “invencibles” o no, no hay dudas de que décadas atrás ya se encontraba saldada la discusión sobre la ultrafinalidad lucrativa de estos grupos delictuales. A esta altura, resulta difícil tomar con seriedad otra postura, nadie imagina a una estructura narcocriminal distribuyendo a título gratuito sustancias psicotrópicas con la exclusiva intención de “hacer el mal”. 

En este entendimiento, las estrategias estatales tendientes a desalentar la demanda de droga mediante el aumento de los precios, a través de la quita de mercadería ilícita de circulación, y de esta manera quitarle rentabilidad a la actividad, no son novedosas. Por el contrario, son moneda corriente en nuestra región desde finales del siglo veinte, y se muestran a simple vista como medidas de regulación de mercado. 

De hecho, autores como Tom Wainraich, economista editor de la prestigiosa publicación The Economist, van mucho más allá y comparan el funcionamiento de los grupos dedicados al negocio narcocriminal con las actividades de franquicias extendidas por todo el mundo, tales como McDonald´s o Wallmart. 

Pero lejos de simplificar el fenómeno, el enfoque mercantil de la narcocriminalidad trae a la superficie numerosos problemas a la hora de diseñar la reacción estatal, que no deben ser tomados a la ligera. El primero de ellos: los números. 

II. Índices confiables para estrategias eficientes [arriba] 

Resulta difícil creer que se pueda regular un mercado, y mucho menos determinar si esa regulación fue exitosa o no, si no se tienen índices confiables, y Wainraich expone este punto de manera contundente, al poner sobre la mesa una experiencia concreta con resultados históricos:

“Uno de los éxitos más sorprendentes de la historia de la guerra contra las drogas tuvo lugar en una oficina en Austin, Texas. Los oficiales del Departamento de Seguridad Pública del estado llevaron a cabo una operación que, de un solo golpe, incautó 1.600 millones de dólares en droga del crimen organizado. La operación se destacó por el sigilo con el que se llevó a cabo, sin que una sola bala fuera disparada o persona alguna resultara herida. De hecho nadie tuvo que levantarse del escritorio, ya no digamos sacar un arma…”[2].

¿Cómo lo lograron? De la siguiente manera: en el balance anual del material estupefaciente incautado durante 2014, el personal de la DPS[3] de Texas decidió realizar un simple ajuste en las planillas de excel con respecto al balance del año anterior. Esta vez, calcularon el valor de los cargamentos secuestrados en la frontera sobre la base del precio minorista, es decir, tomando como referencia el precio de venta al público. 

De esta forma, el valor del estupefaciente confiscado pasó de 161 millones a 1.800 millones de dólares, una semana antes de que dicha agencia presentara su evaluación de desempeño.

Ahora bien, sin detenernos en los objetivos políticos o presupuestarios del cambio de criterio de la DPS, este ejemplo grotesco nos conduce a pensar, como primer paso en el abordaje de la problemática narcocriminal, en la necesidad de los Estados latinoamericanos de buscar mecanismos que posibiliten delinear un plan de acción sobre la base de datos fehacientes, de lo contrario, posiblemente estemos montando una estructura sobre un suelo pantanoso. Por lo pronto, no parece ser lo más conveniente delegar esta tarea a mismos organismos encargados de la persecución de estos delitos, revelándose en tal caso, un evidente conflicto de intereses. 

Algunos países vienen trabajando en el tema desde hace algunos años. Desde 2014, la Oficina de Estadísticas Gran Bretaña (ONS) incluye en el cálculo de su economía (GDP[4]) el peso de los mercados ilícitos, en este caso, el narcotráfico y la prostitución. 

Por supuesto, dicha agencia reconoce que los cómputos se realizan mediante proyecciones y estimaciones, por obvias dificultades, pero los métodos se van refinando y los resultados han sido rotundos: en el primer año se calculó que el comercio de estupefacientes casi igualaba los números de la industria publicitaria en el producto bruto nacional, superando los 5 mil millones de libras (más de 7 mil millones de dólares). El modo en que llegaron a estos números puede encontrarse fácilmente en internet[5] [6]. 

En la actualidad, el organismo de estadísticas de la Unión Europea, Eurostats, ya incluye estas y otras actividades delictuales en los cálculos del producto bruto bajo la categoría IEA (illegal economic activities), y desde 2013, autorizó a todos los países del bloque a incorporar estos datos en los cálculos de sus respectivos GDP anuales. En ese año, España calculó que el narcotráfico representaba el 1% de su producto bruto, una cifra monumental[7].

De hecho, el año pasado, Eurostats publicó un manual, o guia, de organismos en los que se pueden consultar datos sobre los valores relativos a las actividades ilícitas en los distintos países europeos[8].

III. ¿Necesitamos más economistas? [arriba] 

Dejemos de lado por un momento el GDP y los datos macroeconómicos.

En los párrafos anteriores, se hizo hincapié en las estrategias estatales dirigidas a desalentar la demanda de estupefacientes por aumento de precios. También se aclaró que estas políticas de “regulación del mercado” no son novedosas, de hecho, han sido implementadas en nuestra región por las agencias norteamericanas desde la declaración de guerra contra las drogas durante la gestión de Richard Nixon hasta la actualidad. 

Ahora bien, para entender el objetivo de estas medidas no hace falta un vasto conocimiento en economía. La fórmula es bastante simple: si se quita droga del mercado se reduce la oferta, si el estupefaciente es más escaso los precios suben, si los precios aumentan indefectiblemente bajará la demanda de estos bienes. 

A modo de ejemplo, podemos referirnos a la quema de campos de hoja de coca implementada por la DEA y algunos gobiernos regionales, desde hace algunas décadas, con el fin de reducir la cantidad de clorhidrato de cocaína en circulación. En 1994, los gobiernos de Colombia, Perú y Bolivia destruyeron 6 mil hectáreas de coca[9], y se estima que en 2013 se destruyeron 120 mil hectáreas del mismo cultivo, sin embargo no se ha registrado una reducción significativa en el consumo de cocaína durante ese periodo en los EEUU, ni en el planeta[10].

Evidentemente, hay un grave error en el diseño y en el pronóstico de dichas políticas. 

Para explicar esta aparente paradoja, Gary Becker, Kevin Murphy y Michael Grossman, tres doctores en economía, elaboraron en 2006 un riguroso informe titulado “El mercado de bienes ilegales: el caso de la droga”[11].

Allí, luego de analizar económicamente la cuestión, calculando minuciosamente las variables, los autores concluyen: “La equivalencia usualmente aceptada entre la reducción de las cantidades e impuesto al consumo (...) fallan por completo cuando la reducción de las cantidades es inducida por la represión y el castigo”. “La elasticidad de la demanda cumple entonces un papel central en nuestro análisis de los esfuerzos para reducir el consumo de bienes como las drogas declarándolos ilegales y castigando a los proveedores”. 

¿Qué es la elasticidad de la demanda? El impacto que tiene la variación del precio de un bien en la demanda del mismo. En otros términos, si la demanda es inelástica, el aumento de precio de un producto tendrá una menor incidencia en el nivel de demanda. 

¿Y cuán inelástica es esa demanda de droga? Pues, seguramente, dependerá del estupefaciente y su grado de dependencia. 

Según un informe[12] elaborado por el criminólogo estadounidense Peter Reuter, se estima que la elasticidad de la demanda de la marihuana ronda en un -0.33; el de la cocaína en un -0.17, y el de la heroína apenas en un -0.09. Es decir, si el precio del cannabis aumentara 10%, la demanda de este estupefaciente caería apenas un 3,3%. 

En este orden de ideas, Becker, Murhphy y Grossman explican: “La represión reduce el consumo elevando los costos de los proveedores debido principalmente a que se arriesgan al encarcelamiento y a otros castigos. El incremento de los costos lleva a precios más altos, lo que a su vez induce un consumo menor. Pero si la demanda es inelástica -como parece serlo la demanda de drogas- unos precios más altos llevan a un aumento del gasto total en estos bienes ilegales”.

¿A qué se refieren los autores con un aumento del gasto total? Recurramos a un caso hipotético utilizado por Wainraich en su libro, que echa más luz sobre la importancia de este parámetro: 

“Imaginemos un pueblo pequeño en el que los traficantes que compiten entre sí venden un kilo de marihuana por semana a 10 dólares el gramo y ganan 10 mil dólares en total. Mejorar la vigilancia policial en el pueblo aumentaría el costo de los traficantes obligándolos a subir sus precios 10%, a 11 dólares el gramo”.

Entonces: Si tomamos el coeficiente de elasticidad destacado más arriba (-3.3), aplicando esa disminución del 3,3% en la demanda, la venta semanal bajaría a 967 kilogramos de marihuana. Por lo tanto, y aquí está lo llamativo, a 11 dólares el kilo, el traficante estaría ganando 10.637 dólares finales. Un aumento del gasto total.

En síntesis, las políticas implementadas en el ejemplo sólo redundarían en una mayor rentabilidad para las bandas narcocriminales, situación que se potencia en torno a los otros dos estupefacientes con una elasticidad aún menor.

IV. Conclusiones [arriba] 

Ahora bien, el presente trabajo de ninguna manera pretende encarar un análisis acabado de las variables económicas que influyen en el devenir del negocio narcocriminal, en el que también juegan circunstancias tan influyentes como la calidad del estupefaciente, el uso de sustancias de corte, las situaciones de monopsonio entre los campesinos y los cárteles, el “efecto cucaracha” entre los diferentes países, y muchísimas otras variantes. 

Por el contrario, los ejemplos expuestos apuntan a prender algunas luces de alerta: el rol de las fuerzas de seguridad es fundamental en la contención del fenómeno, pero tal vez necesitemos más economistas para abordar la cuestión. 

Finalmente, retomemos el experimento que se expuso en los primeros párrafos, y la desconcertante pregunta ¿quién estaría dispuesto a despenalizar y regular la venta de heroína al público? 

Numerosos autores especializados, coinciden en que existe una proporción entre los consumidores, con algunas variaciones según la sustancia, que denominan “80-20”. Según estos estudios, aproximadamente el 20% de los consumidores más asiduos adquieren una cantidad cercana al 80% de la droga que circula en el mercado[13]. 

Suiza tenía un problema especialmente grave con el mercado de heroína, y se valió de este conocimiento para tomar cartas en el asunto. El gobierno del país alpino, empadronó a 3 mil adictos duros que conformaban entre el 10% y el 15% de los usuarios de esta droga, pero que consumían aproximadamente el 60% del narcótico en circulación, y les entregó la droga a título gratuito y con supervisión.

La consecuencia de esto fue la esperada, el mercado se desestabilizó por completo, quienes ingresaban la droga al país perdieron absoluta rentabilidad y los demás consumidores comenzaron a tener serias dificultades para acceder a la sustancia. 

El resultado: mientras que en 1990 se registraron 850 nuevos adictos en Zurich, en 2005 sólo se contabilizaron 150[14]. 

En “Un mundo con drogas”, Emilio Ruchansky grafica el éxito de la experiencia suiza y la describe con pluma narrativa. Pero como contrapartida, expone los resultados catastróficos de políticas completamente distintas desplegadas en México, más ligadas a la faz meramente represiva, país donde se registraron 60 mil muertes violentas ligadas a la narcocriminalidad entre 2006 y 2012[15]. 

En síntesis, lejos de promover la importación de una política exitosa en un país con realidades sociales e históricas completamente distintas a las de nuestra región, resulta imperioso reconocer que problemas complejos requieren intervenciones complejas, multidisciplinarias y, sobre todo, abordando el tema desde una perspectiva integral, sin dejar fuera del tablero ningún enfoque. 

El tráfico de estupefacientes es un negocio, tanto como lo es la industria del café, con contextos y legislaciones distintas, pero con muchos puntos de conexión en cuando a los efectos de las eventuales políticas implementadas para regularlos. Sin embargo, a un concepto tan rudimentario como la elasticidad de la demanda, completamente extendido en el análisis de cualquier rubro comercial desde fines del siglo XIX, parece costarle penetrar en las políticas estatales respecto de la compra y venta de drogas. Ni hablar de conceptos más complejos y sofisticados. Mientras tanto, del otro lado del mostrador, las organizaciones ya gozan de los beneficios de los mecanismos empresariales del siglo XXI. 

 No es casual que 11 estados norteamericanos y un país latinoamericano hayan regulado ya el comercio de marihuana, con consecuencias bastante prometedoras. Probablemente, nos encontramos ante un punto de inflexión en la manera de ver este fenómeno, tal vez fuimos empujados hasta aquí por los sucesivos fracasos. 

V. Bibliografía [arriba] 

- Narconomics, Tom Wainraich. Debate, 2016.

- Narcotráficos, una mirada social y económica. Damian González Farah, Gárgola, 2017.

- Understanding the demand of illegal drugs, Peter Reuter, National reserch council, 2010.

- Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Marcelo Bergman. Fondo de cultura Económica, 2016.

- Reporte de la Global Commission on Drug Policy de 2011.

- Un mundo con drogas, Emilio Ruchansky, Debate, 2015.

- “El mercado de bienes ilegales: el caso de la droga”, Gary Becker, Kevin Murphy y Michael Grossman, Revista de Economía Institucional vol. 8 n° 15, segundo semestre/2006.

Notas [arriba] 

[1] Abogado UBA y Periodista TEA. Presidente de la Asociación Civil Estudios sobre el Crimen Organizado. (www.eco.org.ar). En la actualidad se desempeña en la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, Argentina. También forma parte del grupo de investigación del DeCyT de la Universidad de Buenos Aires titulado “Economías Enfermas: Narcocriminalidad”, dirigido por la doctora González Nieves.
[2] Narconomics, Tom Wainraich. Debate, 2016. Pág. 267
[3] Texas Department of Public Safety, agencia dependiente del gobierno estatal, con asiento principal en la ciudad de Austin.Balance publicado en febrero de 2015.
[4] Gross Domestic Product.
[5] http://blogs.ft.com/mo ney-supply /2014/05 /29/sex -drugs-and -gdp-how-did- he-ons- do-it/.
[6] https://www.proco n.org/sour cefiles/unit ed-kingdo m-office-fo r-national-stati stics-aug-2 014.pdf.
[7] Narcotráficos, una mirada social y económica. Damian González Farah, página 115, Gárgola, 2017.
[8] https://ec.europa.eu/ eurostat/doc uments/3 859598/8714610/ KS-05-17-202-E N-N.pdf/eaf 638df-17dc -47a1-9ab7- fe68476100 ec
[9] https://w ww.uno dc.org/p df/WDR_2 006/wdr0 6_spanish_ vol2.w ww.pdf.
[10] Wainraich, op. cit. págs. 25/26.
[11] https://www.ec onomiain stitucional.co m/pdf/No 15/gbeck er15.pdf.
[12] Understanding the demand of illegal drugs, Peter Reuter, National reserch council, 2010.
[13] Drogas, narcotráfico y poder en America Latina, Marcelo Bergman. Fondo de cultura Económica, 2016. Pág. 19.
[14] Report of the Global Commission on Drug Policy, 2011.
[15] Un mundo con drogas, Emilio Ruchansky, pág. 306, Debate, 2015.