La corrupción y la construcción del Orden Político en la decadencia de la Modernidad

Por Manuel Salvador Grosso García*

I. La cuestión [arriba] 

Según el Banco Mundial, la corrupción es el principal factor que impide el desarrollo económico de los países pobres y el más grande obstáculo para que esos países den un salto definitivo hacia el establecimiento de un orden político estable y duradero.[1]

El hecho de que enormes volúmenes de recursos públicos vayan a parar a los bolsillos de los corruptos impide la satisfacción básica de las necesidades de la población más pobre y vulnerable, agudiza la desigualdad social, hace ineficiente e inoperante al Estado, multiplica exponencialmente los niveles de conflicto social y fomenta la cultura de la anomia en todos los estratos de la vida social de esos países. Por tales razones, desde la primera década del presente siglo, el Banco Mundial ha reorientado sus políticas frente a esos países, fomentando el combate a la corrupción y su superación; todo ello, con resultados francamente decepcionantes. Su diagnóstico es que mientras persistan los actuales índices de corrupción, los países pobres nunca saldrán de su pobreza, la corrupción se ha declarado como “el cáncer de los países emergentes”.[2]

II. Aproximación conceptual [arriba] 

Mucho se ha escrito en torno a ese “mal del siglo XXI”; sin embargo, son pocos los esfuerzos por precisar conceptualmente qué es la corrupción; al parecer, la ambigüedad y la vaguedad de su definición tienen también mucho que ver con el fenómeno. En términos muy simples, por corrupción se entiende una práctica más o menos recurrente de apropiación de los dineros públicos por parte de los funcionarios que los tienen a su cargo, o los particulares que intervienen en la ejecución de la función pública o la realización de obras públicas. La corrupción se suele vincular también, con otras dos prácticas que en sí no son corruptas; pero que están directamente relacionadas con ella y generalmente están presentes y muy vinculadas a los hechos de corrupción: el patrocinio y el clientelismo.[3]

Una y otra prácticas fueron habituales e incluso promovidas por muchos de los padres del Estado moderno, como George Washington, que defendía la tesis de que uno gobierna con sus amigos y que, si hay personas afines a un proyecto político que trabajan por él y lo defienden, deben obtener algún beneficio a cambio de sus servicios.[4] Patrocinio y clientelismo no son lo mismo, aunque se suelen confundir. El patrocinio se da cuando un líder o jefe apadrina a sus amigos y seguidores cercanos y los coloca en cargos estratégicos del poder, para asegurarse su lealtad y así llevar adelante su proyecto político; el patrocinador cuenta con la lealtad del patrocinado y por eso, lo apadrina; y el patrocinado depende del poder de su padrino para mantenerse en el cargo. Este juego de lealtades y dependencias mutuas es el que les aseguró el poder a grandes dictadores como José Stalin en la Unión Soviética, que gobernó con un puñado de amigos personales todos oriundos de su Georgia natal, pero también a Washington, que gobernó con sus compañeros de colegio y sus amigos revolucionarios.[5]

Por el contrario, el clientelismo es una práctica mediante la cual el líder político ofrece una contraprestación a cambio del voto, que puede consistir en un cargo público, pero también en otras muchas cosas, como contratos, empréstitos, concesiones, rentas, exenciones, dinero, recomendaciones, cupos escolares, etc. A diferencia del patrocinio, el clientelismo no asegura las lealtades entre los involucrados; se trata de una simple transacción temporal o circunstancial que se puede mantener o cambiar según las mareas.[6] Si el patrocinio fue algo que fomentaron los padres fundadores de los Estados Unidos, el clientelismo se extendió por la unión y por muchos países occidentales a todo lo largo del siglo XIX y comienzos del XX y de hecho, se sigue practicando con éxito en países altamente desarrollados como el Japón, donde las tasas de corrupción son muy bajas, o Italia donde son descomunalmente altas. Lo que demuestra que no necesariamente hay una correlación entre estas prácticas y la corrupción.

Si esto es así, habría que concluir que la corrupción es un fenómeno propio de los Estados modernos y un paso que todos ellos dieron dentro de su proceso de modernización, a medida en que se va produciendo una separación clara y tajante entre las esferas de lo público y lo privado.[7] En los Estados absolutistas o patrimonialistas, donde se entendía que el monarca era propietario absoluto del territorio y las personas sobre las que ejercía su domino, no podría haber corrupción por cuanto uno no puede apropiarse indebidamente de lo que ya le pertenece y si paga favores políticos, militares o eclesiásticos con cargos, prebendas o rentas, solo está disponiendo de lo que es suyo como a bien tiene. Solo cuando emerge en las sociedades renacentistas de las repúblicas italianas la idea de que el monarca es una especie de administrador de los bienes de todos y que el ejercicio de su poder es más un mandato para que realice el bien común que un derecho en sí mismo[8], es que aparece la idea de una res-publica y con ello la posibilidad de unos malos manejos, administración deshonesta o aprovechamiento inapropiado por parte del gobernante, de algo que le pertenece a todos y que debe ser administrado con transparencia.[9]

III. El caso latinoamericano [arriba] 

Vistas así las cosas, podría decirse que tanto el patrocinio como el clientelismo e incluso la corrupción, fueron prácticas hasta cierto punto inevitables en el proceso de formación de los órdenes políticos democráticos de los países desarrollados. ¿Por qué entonces son tan diferentes las cosas entre nosotros? La respuesta es a la vez muy simple y muy compleja. América Latina nunca vivió el proceso de formación del Estado moderno que vivieron los Estados Unidos y los países de la Europa occidental moderna. Nosotros nunca tuvimos un Estado patrimonialista que evolucionara hacia uno moderno; nuestra región nunca se conformó como un orden político moderno estable y duradero, porque nunca se dieron las condiciones que se consideran indispensables para que ello sea posible: ni la separación entre las esferas de lo público y lo privado, ni la conformación de un poder político fideicomisario de los bienes de todos[10], ni la formación de unas instituciones fuertes, en torno a una clase social fuerte, germinaron en un gobierno políticamente responsable que rindiera cuentas de sus actos, como tampoco hubo nunca un sometimiento de ese gobierno a un orden legal sólido y claramente definido.[11] En nuestra región, no se han logrado consolidar hasta el día de hoy auténticos Estados de derecho, fuertemente institucionalizados y debidamente controlados bajo los principios de legalidad, eficiencia y gobierno responsable.[12]

Lo que hicieron los peninsulares con la conquista y la colonia no fue trasladar e implantar el Estado patrimonialista a nuestro territorio, sino convertirlo en una despensa en la que todo fue objeto de expropiación, desde los recursos naturales y la mano de obra, hasta las creencias y los valores; y en dicho proceso, no se conformaron instituciones estatales, sino que se practicó el clientelismo y el patrocinio como únicas formas de ejercicio del poder político y económico y se implementó una forma muy particular de ambas: la venalidad que consistía en la venta a perpetuidad y hereditaria de los cargos públicos.[13] Todo ello impidió que la idea de una res-publica emergiera y se consolidara. Luego, las élites oligárquicas criollas herederas de esas prácticas se hicieron con el poder para apropiarse de ellas y elevarlas a la categoría de instituciones políticas, que en el papel y por imposición internacional, adoptaban hacia afuera la forma de Estados nacionales, pero que, en la práctica y hacia adentro, siguieron siendo sistemas patrimonialistas, clientelistas, venales y corruptos.[14]

Precisamente por ello, desde el comienzo, nuestras caricaturas de repúblicas fueron vistas por todos como un botín: las potencias extranjeras veían en ellas una despensa de recursos naturales y un atractivo mercado para sus productos y se dedicaron a estimular y fomentar la corrupción, la venalidad, el patrocinio y el clientelismo para controlarlos. Por su parte, las élites excluidas del poder comprendieron que la única forma de acceder al botín del Estado era conquistarlo por las armas y de este modo, consolidaron en nuestra región, un modelo político muy sui-generis: el estado-facción, que consistió en que el poder político no lo ejercían una élites a nombre de toda la nación, sino una oligarquía a nombre de una determinada facción política[15]; lo que implicaba la exclusión de la facción derrotada que era excluida por completo del botín del Estado y tenía que, o bien resignarse, o levantarse en armas para conquistar el botín del Estado y establecerse como facción gobernante para hacer lo propio con la excluida.[16] Ese modelo se ha prolongado hasta finales del siglo XX, cuando menos y solo ha comenzado a cambiar con la última ola de constitucionalismo reformado de la década de 1990.[17]

IV. Situación actual [arriba] 

Así las cosas, resulta poco menos que una ingenuidad pensar que por el hecho de que, con la última generación de reformas constitucionales en nuestra región, que en el papel, consagran modelos de Estados-Nación conformados como repúblicas democráticas, defensoras de los derechos humanos, con Estados institucionalmente constituidos, una aparente división de los poderes, y la consagración de los principios del gobierno responsable y el principio de legalidad, realmente nos vayamos a convertir en auténticas repúblicas, y mucho menos que vayamos a poder superar el estado generalizado de anomia que ha caracterizado nuestros gobiernos y sociedades desde sus orígenes.[18] ¿Qué es entonces lo que pasa?; ¿cuál es la razón para que ahora, la corrupción se haya puesto en el primer plano de la discusión política y sea nuestro pan de cada día? De nuevo, la respuesta puede ser demasiado simple o muy compleja.

La primera explicación es que la corrupción, la venalidad, el patrocinio y el clientelismo en Sudamérica, fueron estimulados, promovidos y orquestados, mientras fueron funcionales y convenientes para los poderes económicos y políticos del capitalismo transnacional y los intereses políticos de las potencias económicas capitalistas, especialmente durante la Guerra Fría[19]; pero ahora ya no resultan convenientes ni funcionales a esos intereses y por el contrario, les generan muchos problemas; en especial, en lo que se refiere al mantenimiento y las disputas por el control sobre los mercados emergentes de la región, que requieren dinamizarlos para hacerlos rentables al gran capital y la corrupción se convierte en un obstáculo para esos propósitos.[20]

Esa primera respuesta es en parte cierta y explica, también en parte, el porqué del interés en la corrupción sudamericana en la actualidad; al fin y al cabo, la ONU y el Banco Mundial solo se percataron de la corrupción en nuestra región como un problema, después del final de la Guerra Fría, cuando, tras la caída del muro y la disolución del comunismo, el capitalismo liberal de mercado se impone como régimen hegemónico mundial y mantener gobiernos títeres, venales, clientelistas y corruptos dejó de ser un buen negocio y se vuelve muy costoso para las potencias económicas, que tal vez por eso, pretenden ahora imponernos la bandera de la guerra contra la corrupción, de la misma manera que en el pasado nos impusieron la corrupción. No obstante, en ese análisis, se quedan por fuera otros factores que también deben ser tenidos en cuenta y que tienen incidencia en la manera como ahora se percibe y asume el problema.

El hecho de que los Estados Unidos y otras potencias económicas occidentales ya no financien la corrupción, como lo hacían en el pasado, hace que los recursos de los cuales se apropian los corruptos salgan directamente de nuestras economías, generando los enormes huecos fiscales y las tremendas deudas sociales impagadas en materia de desmarginalización, superación de la pobreza, saneamiento básico, educación, salud, fuentes de empleo, etc., que ya no se pueden suplir con los presupuestos de defensa o los grandes empréstitos con los que se cubrían esos faltantes. En síntesis, los países pobres deben asumir los costos de esa corrupción de manera directa y el efecto de ello es el dramático empobrecimiento que han experimentado los sectores más vulnerables de la sociedad y el incremento de la concentración de la riqueza en unos pocos aventureros.[21] Cada dólar que va a parar a los bolsillos de los corruptos contribuye directamente al empobrecimiento de las capas más vulnerables de la sociedad.[22]

Por su parte, tampoco puede dejarse de lado que la corrupción está íntimamente ligada al patrocinio y el clientelismo que son su caldo de cultivo; pero también los son las fórmulas que los organismos de la banca internacional ofrecen para remediarla.[23] Ello se hace aún más ostensible cuando dichas prácticas se producen en regímenes políticos institucionalmente débiles como los de nuestra región, en los cuales las instituciones son incapaces de hacerles frente. Lo que terminó siendo el verdadero freno al clientelismo y el patrocinio en los Estados Unidos no fue la adopción de medidas para combatirlos, sino su expansión a dimensiones nacionales.[24] Ello ocurre gracias a la conformación de los dos grandes partidos políticos, principalmente a partir de la presidencia de Andrew Jackson en 1829, que eliminó los privilegios para acceder a los cargos públicos y promovió su masificación y rotación, bajo el argumento de que ningún cargo está atado a quien lo desempeña y que todos tenían las mismas oportunidades. Este modelo implicó un cambio profundo en las costumbres políticas, y dinamizó enormemente la actividad partidista de masas.[25] Todo ello trajo como consecuencia la ampliación de las bases electorales, así como la expansión de la acción de los partidos a los niveles regional y local.

Lo que, sin embargo, mantuvo bajo un relativo control el clientelismo y el patrocinio, y atacó la corrupción en los Estados Unidos, contribuyendo enormemente a su erradicación, fue la combinación entre intervención decidida del sistema judicial y los controles del gobierno central a los partidos políticos en el Congreso, mediante las enmiendas y la ampliación de la base electoral, con el surgimiento del control social directo de los electores a la gestión de los gobernantes. En lo que respecta al primer aspecto, a diferencia de lo que ocurría en el Reino Unido y en Europa, el Poder Judicial tuvo en este país desde sus inicios, un enorme protagonismo, constituyéndose en un auténtico poder político que cumplía funciones gubernamentales antes que meramente funcionales.[26]

Esa militancia política de los jueces y su competencia para limitar los alcances del Congreso, implicaron que el poder de los jueces constituyera un auténtico contrapeso a la desmesura del Poder Legislativo, cuestión esta que ha merecido, tanto la crítica[27], como el elogio[28] por parte de los estudiosos del constitucionalismo europeo. Pero significó una clara apuesta por el sometimiento del Congreso a la Constitución.[29] En lo que respecta al Ejecutivo como mecanismo de control del clientelismo político, la acción decisiva de ciertos presidentes fue determinante; primero, para restringir y luego, para erradicar el sistema de clientelas, mediante acciones concretas encaminadas a recuperar el control de la administración por el gobierno federal. Fue fundamental sobre todo la expedición de la llamada Ley Pendleton, que estableció un sistema de servicio civil que implicaba la creación de una carrera administrativa y un acceso por concurso de méritos a los cargos públicos, lo que traía una clara separación entre la gestión pública y la política.[30]

Pero el papel decisivo lo tiene la comunidad, que al someter a exposición la gestión de sus funcionarios, mediante la utilización de los medios masivos de comunicación y el llamamiento a debates públicos, hacía que la corrupción se pusiera a la vista y que los corruptos fueran objeto del repudio de la comunidad que exigía su exclusión de la vida pública y su enjuiciamiento. Ello trajo como consecuencia que los partidos políticos tuvieran que adoptar unos muy rígidos códigos de ética pública y que los mismos fueran escrupulosamente observados por sus miembros, so pena de ser expulsados de los partidos y quedarse sin opciones políticas. También, fue necesario que el modelo de utilización del Estado como un medio para la concentración desmesurada de la riqueza explotara y llevara a la ruina la economía de la nación, arrastrando consigo al resto del mundo en una de las peores crisis económicas de las que se tiene noticia[31], para que se pusiera al descubierto que eran esas prácticas corruptas las responsables del desastre; y si bien sus responsables nunca fueron enjuiciados ni los obligaron a asumir las consecuencias, sí sirvieron de base para la implementación de nuevas políticas tendientes a erradicadas.[32]

La experiencia estadounidense muestra que la manipulación de las instituciones del Estado para ponerla al servicio de la corrupción, solo puede controlarse y contenerse si el orden político establece efectivos sistemas de contrapesos de los poderes públicos; se ve permeado y matizado por las acciones del poder central, por mesurar y controlar las ambiciones de los poderes locales y regionales, mediante mecanismos de limitación efectiva de esos poderes con el establecimiento de agencias estatales y concentrando ciertos poderes. A su vez, todo ello resulta igualmente sometido al control efectivo de un tercer poder, que media controlando a unos y otros, a través del ejercicio de la función judicial. Esta es esencialmente política y militante, en tanto comporta un ejercicio efectivo de funciones de control de legalidad de las actuaciones, tanto del Ejecutivo, como del Legislativo[33], funcionando activamente como mecanismos externos del poder del Estado, que por existir y funcionar de manera autónoma y separada de este, cumplen una función eficaz de control de dicho poder.[34] Finalmente, todo ello debe ir acompañado de un efectivo control social directo de la comunidad, que se inmiscuye en el manejo de la cosa pública y ejerce un papel vigilante de la labor de los gobernantes.

Queda de todas maneras una variable que no se suele incluir en estos análisis y que resulta decisiva. Tanto los Estados, como los particulares que se hicieron con el control de la economía y los demás sectores del poder real en los países centrales, se hicieron inmensamente ricos gracias a esas prácticas corruptas y gracias a que luego las exportaron al resto del mundo, permitiéndoles financiar su consolidación como órdenes relativamente estables y permanentes.[35] La emergencia y consolidación de los Estados Unidos como un orden político estable y duradero fue paralela a su emergencia como superpotencia económica y militar, que impuso férreamente sus políticas colonialistas y de dominación en todo el hemisferio occidental primero y a nivel mundial en la actualidad; para lo cual, no cabe duda, se valió de la corrupción como una de sus prácticas más recurrentes y una parte decisiva de su estrategia de dominación reside precisamente en mantener y fomentar regímenes corruptos en los países que dominan[36], lo que pone las cosas en otro contexto.

Lo que parece que realmente preocupa a los organismos económicos multilaterales y a los representantes del gran capital de los clubes de países ricos no es la corrupción en sí, sino la corrupción que ellos no pueden controlar; lo que los motiva a denunciar la corrupción en nuestra región e impulsa su persecución es que la misma sea patrocinada y eventualmente controlada por agentes transnacionales fantasmas que no forman parte de sus clubes y que les disputan el control que, tradicionalmente han mantenido estas agencias[37]; entonces, lo que han emprendido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las demás agencias que representan el gran capital trasnacional no es realmente de una cruzada contra la corrupción; sino una cruzada para recuperar el control de esa corrupción en el tercer mundo.[38]

Y en ese empeño, las agencias transnacionales reciben todo el apoyo de los gobiernos que paralelamente se benefician de los premios que ofrecen esas agencias por promover y apoyar sus políticas y de los réditos políticos de asumir posturas de mano dura contra los corruptos, cuando en realidad lo que hacen es instrumentalizar los recursos y poderes de los Estados, en contra de unos corruptos, mientras, con esas mismas estrategias encubren a otros. De esta manera, la corrupción y la lucha anticorrupción terminan siendo una cuestión que se maneja con la misma lógica de facción con la que se suelen manejar todos los asuntos en nuestra región.[39] Cuando llegan al poder, los regímenes de derecha son muy diligentes en desvelar, denunciar y perseguir la corrupción de sus homólogos de la izquierda que los precedieron y a la inversa, convirtiendo la lucha contra la corrupción en una auténtica cacería de brujas de los opositores políticos.[40] Por su parte, los denunciados se defienden alegando que están siendo perseguidos y asumen las denuncias como banderas políticas que capitalizan electoralmente.[41]

Al final, el tema de la corrupción termina completamente politizado y se traslada de su natural escenario ético, moral y judicial a la arena política donde reinan la incertidumbre y la manipulación.[42] Todo ello conduce a que la lucha contra la corrupción se convierta no solo en el mejor instrumento para asegurar su impunidad, sino que galvaniza a la opinión pública que ya no la percibe como lo que es, sino que la mira como un componente más de las estrategias políticas de las facciones en disputa por el poder; por lo que se muestra muy dispuesta a ser tolerante y comprensiva con la corrupción propia y a reaccionar desmesuradamente en contra de la corrupción ajena. Las cosas se agudizan con la globalización y la proliferación de los populismos de izquierda y de derecha[43] y los antipopulismos de ambos bandos[44]; con la guerra de desinformación y la masificación de las noticias falsas y la postverdad.

Como consecuencia de todo ello, ganan los corruptos y pierden nuestro pueblo y nuestros países; se mantienen y profundizan las estructuras autoritarias de nuestros regímenes políticos y su desigualdad y se agudiza el empobrecimiento de nuestra región. Como lo ponen en evidencia Morcan y Morcan[45], es un mito que los países del tercer mundo seamos estructuralmente pobres; lo que ocurre realmente es que hemos venido siendo sometidos a un sistemático proceso de empobrecimiento por cuenta de los propietarios del capital transnacional y ciertos agentes de los poderes locales, desde nuestros orígenes hasta hoy.[46] Si bien los procesos, las estrategias y los actores han cambiado a lo largo de las tres olas de colonización que se han producido a lo largo de estos cinco siglos[47]; la lógica sigue siendo la misma, el saqueo indiscriminado de su riqueza, el sistemático apoderamiento de todas las fuentes productivas a cualquier precio. El sistemático endeudamiento de las naciones del tercer mundo, para empeñarlas al gran capital, impidiendo su independencia y autonomía.[48]

En estos procesos, la corrupción ha jugado siempre un papel decisivo y sigue teniendo hoy un papel protagónico, por lo que resulta poco menos que una ingenuidad, pensar que alguna de las agencias del gran capital, o los poderes trasnacionales o locales que son los beneficiarios de la misma, tengan un interés sincero en combatirla.

V. A manera de conclusión [arriba] 

Como se ve, la corrupción en Sudamérica no tiene realmente nada que ver con los que de ella dicen la propaganda y los manipuladores de la opinión, que crean una falsa imagen del problema, para general reacciones emocionales y mediáticas que a lo único que contribuyen es a alejarnos de su adecuada comprensión. Ello es así porque detrás de los que orquestan las propagandas anticorrupción, hay muchos intereses corruptos. Ese escenario se apuntala en una serie de falacias que se han convertido en verdaderos mitos sobre los cuales se prejuician todas las discusiones, enrareciendo por completo las cosas.

Mencionaría solo algunas de las más recurrentes: la primera consiste en presentar la corrupción como un mal contrario a la naturaleza humana, una especie de aberración de unos cuantos pervertidos. Lo que la biología nos enseña es que los mamíferos somos por naturaleza egoístas, solidarios genéticos y altruistas recíprocos.[49] Eso quiere decir que entre más genes compartimos con otros, más estamos dispuestos a ayudarlos y beneficiarlos; y que cuantos más vínculos primarios compartamos con otros (coterráneos, vecinos, compañeros de escuela, de barrio, de etnia, copartidarios políticos etc.), tendemos a simpatizar más y ser más solidarios con ellos que con los extraños.[50] Por ende: el nepotismo, el patrocinio y el clientelismo involucrados en la corrupción, son inherentes a nuestra naturaleza.[51] Lo que realmente es artificial y contrario a ella es una ética de la neutralidad basada en el bien común de una masa anónima de perfectos desconocidos, por lo que, semejante altruismo universal solo es posible, si se impone por la necesidad o las circunstancias, o si existen muy buenas razones para hacerlo, como ocurre en casos de desastres naturales o situaciones de grave riesgo para la especie.[52]

La segunda es la que pretende hacer creer que la corrupción es un fenómeno característico de los países del tercer mundo y nos presenta la de los países desarrollados como un fenómeno superado. Esta idea es por completo falsa y pretende encubrir grandes fenómenos de corrupción como los de la Rusia de Putin, donde se calcula que cuesta un tercio del PIB[53]; o la China que tiene en materia de corrupción un puesto solo levemente inferior a Sudamérica y ha comprometido más del 50 % de su PIB en una burbuja inmobiliaria[54]; el tremendo retroceso en España, donde representa el 8 % de su PIB[55]; y la corrupción crónica en Italia, que se calcula en cien mil millones de euros en los últimos 10 años[56]; solo para mencionar los casos más notorios. También, deja de lado el hecho de que si bien las potencias económicas como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido, mantienen bajas tasas de corrupción a nivel interno, en cambio, ni siquiera contabilizan las prácticas corruptas de sus gobiernos y corporaciones multinacionales en el tercer mundo, donde están a la orden del día.

La tercera es querer presentar la corrupción como un fenómeno que tiene hoy mayores proporciones que nunca, cuando lo cierto es que la corrupción es un fenómeno estructural de los órdenes políticos modernos y está íntimamente ligado a las estructura fiscal y de rentas del Estado en nuestros modelos políticos[57]. La diferencia consiste en que hoy el tema se lleva a los medios masivos de comunicación, se hace más visible y se define en la arena electoral y destapar la corrupción de los rivales políticos se ha convertido en la más eficaz arma para desatar el odio popular y asegurar las votaciones para asegurarla y controlarla. Al final, lo que hay es un sobreregistro de la corrupción que enrarece, tanto su comprensión, como lo hacía su ocultamiento y sub registro de épocas pasadas.

La cuarta es la que quiere hacer ver que las acciones de ciertos sectores del poder por y corporaciones económicas transnacionales por destapar los hechos de corrupción y pretender la sanción ejemplar de sus protagonistas son sinceras. Como espero haberlo evidenciado, las luchas contra la corrupción, particularmente en nuestra región, no son más que una más de las estrategias de las propias facciones corruptas, clientelistas y venales, en el poder, para quitarse del medio a sus competidores y quedarse ellos solos con el botín.

La quinta es la que pretende que la criminalización de la corrupción es el mejor mecanismo para combatirla y erradicarla, lo cual desvía la atención de las verdaderas alternativas para la comprensión y estrategias de acción frente a ella. Si la corrupción es un problema que emerge de la manera como se conforma el orden político en la sociedad moderna occidental y un problema estructural de ese orden político, las estrategias para tratarla y combatirla tienen que ser de ese miso orden; por lo que las salidas penales resultan no solo inútiles, sino completamente inadecuadas y contribuyen a su agudización y no a su erradicación o al menos a su reducción. A esa conclusión conducen las evidencias, tanto desde el punto de vista dogmático, criminológico y político-criminal. Un par de argumentos en cada uno de estos ámbitos de análisis basta para ponerlo en evidencia.

Desde el punto de vista dogmático, la corrupción se ubica en el capítulo de los delitos contra la administración pública bajo unas modalidades que abarcan desde el peculado hasta las distintas formas de celebración indebida de contratos, la concusión el cohecho etc. Por razones técnicas, la redacción de estos tipos penales es compleja y está orientada a la persecución de conductas aisladas realizadas por sujetos activos individuales y las trabas para comprobar las distintas formas de participación hacen aún más compleja su sanción. Por su parte, como quiera que el derecho penal en general está orientado hacia el punitivismo, lo que se busca con él es poner en la cárcel a los supuestos responsables y no recuperar lo apropiado o combatir efectivamente las estructuras que la posibilitan y fomentan, por lo que, a la postre, lo que se logra con ello es que los agentes individualmente criminalizados por sus conductas sean reemplazados por otros sin que nada cambie.

Lo que la investigación criminológica pone en evidencia es que la corrupción es un fenómeno de criminalidad transnacional, íntimamente ligado con las estructuras del poder económico y político global, que crea redes muy sofisticadas y bien estructuradas, la mayoría de las cuales cooptan no solo las estructuras de los poderes políticos, sino también los jurídicos y judiciales, asegurando así no solo su impunidad, sino su mantenimiento; por lo que a la postre, los criminalizados terminan siendo apenas los chivos expiatorios que el sistema debe proveer en sus estrategias de aquietamiento de la opinión pública en los ámbitos del derecho penal simbólico, mientras las estructuras de la corrupción permanecen intactas, se fortalecen y mudan a formas más sofisticadas cada vez más difíciles de detectar, rastrear y combatir y se hace evidente que llevar la lucha contra la corrupción a la justicia penal tiene un impacto muy poco significativo en la reducción de esta forma de criminalidad y en cambio ha incrementado la corrupción de la justicia penal.

Por el contrario, lo que el análisis político-criminal demuestra es que la corrupción es el más claro síntoma del déficit de democracia de las sociedades que la padecen. Y si esto es así, la única auténtica acción que podrían emprender nuestros pueblos para intentar reducirla o contenerla es que nosotros mismos tomemos las riendas de nuestro destino y nos apropiemos de la res-publica y la hagamos nuestra. La corrupción se ha incrustado en las prácticas políticas de las sociedades posmodernas, porque el poder económico se han concentrado en unas élites corruptas que instrumentalizan y corrompen a quienes ejercen en nuestro nombre el poder político; por lo que, la única manera de que ese círculo se rompa es que rompamos los vínculos entre esos poderes corruptores y sus agentes políticos, cosa que solo puede lograrse si esos agentes intermediarios corruptos son reemplazados por verdaderos representantes de la ciudadanía, pero por sobre todo, si se crean agencias que tengan instrumentos reales y efectos de control de la gestión pública; o lo que es lo mismo, si se produce un fortalecimiento de las instituciones democráticas que le impongan un real control al poder y sometan a sus agentes a dichos controles tanto si son probos, transparentes y honestos, como si no lo son.

Las instituciones políticas deben desconfiar del poder y estar vigilante frente a él, porque la experiencia enseña que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente; por lo que, como aconsejaba Cicerón: “que los cónsules cuiden de la república y que la república se cuide de los cónsules”.[58] El problema es que la república, como modelo de orden político, está en la actualidad en franca decadencia; se muestra como un modelo agotado e incapaz de contener los embates de los poderes corruptos y de los autoritarismos antidemocráticos que se están apoderando, no solo ya de los países del tercer mundo, sino también de los países centrales, amenazando con saltar en pedazos las que se creían sólidas estructuras de la democracia; por lo que al parecer para nosotros esa República es cada vez más una remota utopía.

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El Pájaro Rojo, “CORRUPCIÓN PRO: la caza de brujas contra gobiernos anteriores no tapa los propios delitos”, Buenos Aires, 8 de agosto de 2018.

Forbes, “World Bank Spins Out Of Control”, 19 de diciembre de 2012.

Notas [arriba] 

*Profesor de Derecho Penal y Teoría del Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, manuelgrosso@usantotomas.edu.co, salvadorgrosso@gmail.com. Filósofo, abogado, especialista y master en derecho penal, doctor en derecho, profesor de derecho penal, filosofía del derecho, teoría del derecho, y epistemología jurídica, en las universidades libre de Colombia (nivel de postgrado), Universidad de Cartagena, Universidad del Norte, Universidad Santiago de Cali, Universidad de Medellín y Externado de Colombia (nivel de postgrado); Universidad Santo Tomás de Bogotá (nivel de pregrado y posgrado). OBRAS Y ARTÍCULOS RELEVANTES: Fuentes psicoanalíticas del error en la confesión y el testimonio en materia penal (investigación, 1987), publicación revista de derecho privado universidad nacional de Colombia, 1989; “El derecho penal en la posmodernidad”, Memorias del IX seminario de Filosofía Latinoamericana Universidad Santo Tomás, junio 27 de 2001; Antinormatividad e imputación objetiva en derecho penal, revista del instituto de postgrados de la universidad libre N° 3, 1998; La reforma del sistema penal colombiano, perspectiva político-criminal, Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1999; Dos estudios sobre la nueva teoría normativista del delito, monografías jurídicas N° 1 ed. Gustavo Ibáñez, Bogotá 2001; 2ª ed., 2007; El concepto del delito en el nuevo código penal colombiano, Gustavo Ibáñez, 2003; 2ª ed., 2007; ¿justicia material o eficientismo punitivista? Las dos caras de la reforma al sistema penal colombiano. Revista de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás, año 10 N° 9, págs. 49-81.; Bogotá, 2005; Redefinición de roles en el nuevo sistema penal acusatorio; revista de la defensoría del pueblo, N° 13, Bogotá 2006; ¿Qué es y qué puede ser el derecho penal del enemigo?, aproximación al concepto. En derecho penal del enemigo, ed. Marcial Pons, Madrid, 2006; ¿Originalidad o dependencia en el pensamiento penal latinoamericano? A propósito de la obra de Alfonso Reyes Echandía, en dogmática penal y criminología, los grandes penalistas rinden homenaje a Alfonso Reyes Echandía. Ed. Legis; Bogotá, 2006; ¿Acción vs. Imputación? La influencia del pensamiento de Niklas Luhmann en el derecho penal. En revisa, derecho penal contemporáneo; revista internacional; N° 23, abril-junio de 2008; págs. 5-33; La coautoría en derecho penal: ¿dominio funcional del hecho o acción colectiva? En revisa, derecho penal contemporáneo; revista internacional; Legis N° 33, abril-junio de 2011; El viejo y buen derecho penal liberal, una alternativa posible para el derecho penal de nuestro tiempo, en libro homenaje a Juan Fernández Carrasquilla, U. de Medellín 2012; Garantismo vs. Punitivismo. El dilema ético del juez de control de garantías. Interescuelas, Universidad de Buenos Aires, 2015; Anomia y ocaso del lenguaje jurídico. Interescuelas. Universidad de Buenos Aires. 2016; Principio de Legalidad, una semiosis de su génesis, destrucción y reconstrucción en el contexto del derecho penal, BdeF Buenos Aires, 2019.

[1] Banco Mundial, “Nuevas fronteras en el diagnóstico y combate a la corrupción”, disponible en: https://da tabank.banco mundial.org/ data/datab ases/gove rnance-effec tive ness, última visita enero 23 de 2019.
[2] Wharton, “El soborno y la corrupción, cáncer del mercado global”, disponible en: https://www .knowl edgeatw harton.com.e s/article/ el-soborn o-y-la-cor rupcion-can cer-del-mer cado-glo bal/. Última visita enero 27 de 2019.
[3] Gonzales Alcantud, J. A., El clientelismo. Visión socioantropológica, Anthropos, Barcelona, 1997, págs. 15 y ss.
[4] Tocqueville, A., La democracia en América, Trotta, Madrid, 2016, págs. 843 y ss.
[5] Toinet, M. F., El sistema político de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, págs. 164 y ss.
[6] Warre, A., Partidos políticos y sistema de partidos, Istmo, Madrid, 2004, págs. 96 y ss.
[7] Fukuyama, F., Orden y decadencia de la política. Desde la Revolución Industrial hasta la globalización democrática, Ariel, Barcelona, 2016, págs. 537 y ss.
[8] Maquiavelo, N., “De Principatibus”, en Obras, Vergara, Barcelona, 1961, págs. 94 y ss.
[9] Skinner, Q. (1978). Los fundamentos del pensamiento político moderno. I. El renacimiento. México: Fondo de Cultura Económica. 1993, págs. 31 y ss.
[10] Pettit, Ph., Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, Barcelona, 1999, pág. 11.
[11] Grosso García, M. S., Principio de legalidad. Un estudio semiótico de su génesis, destrucción y reconstrucción en el contexto del derecho penal, BdF, Buenos Aires, 2019, págs. 368 y ss.
[12] Fukuyama, F., Los orígenes del orden político. Desde la prehistoria hasta la Revolución Francesa. Barcelona: Ariel. 2016, págs. 34 y ss.
[13] Zaffaroni, E. R., El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo. Buenos Aires: Madres de la Plaza de Mayo, 2015 págs. 6 y ss.
[14] Centeno, M. A., Sangre y deuda. Ciudades, Estado y construcción de nación en América Latina. Bogotá: Universidad Nacional; Instituto de Estudios Urbanos. 2014, págs. 46 y ss.
[15] Gibson, E. (2006). “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”, en, Desafíos, N° 14, págs. 204-237.
[16] Escalante, F., Ciudadanos imaginarios, Colegio de México, México 1993, págs. 19 y ss.
[17] Huntington, S. P., La tercera ola de democratización a finales del siglo XX. Buenos Aires: Paidós. 1994, págs. 23 y ss.
[18] Schedler, A. (2013). La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios. México: Fondo de Cultura Económica. 2016, págs. 41 y ss.
[19] De Rivero, O., El mito del desarrollo y la crisis de la civilización, 4ª ed., Fondo de Cultura Económica, México, 2014, págs. 23-24.
[20] Zaffaroni, E. R., El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, cit., págs. 66 y ss.
[21] Bauman, Z., ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Barcelona: Paidós. 2014, págs. 6 y ss.
[22] Stiglitz, J. E., El precio de la desigualdad. El 1 % de la población tiene lo que el 99 % necesita. Madrid: Taurus, págs. 22 y ss.
[23] Morcan J. y Morcan L., Arruinando el tercer mundo, Babelcube Inc., 2016.
[24] Toinet, M.-F., El sistema político de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, págs. 164 y ss.
[25] Warre, A., Partidos políticos y sistema de partidos, Istmo, Madrid, 2004, págs. 96 y ss.
[26] Lambert, El gobierno… cit., págs. 21-22.
[27] Carl Schmitt calificaba con desprecio el modelo norteamericano como un auténtico Estado judicial,en el que quienes ejercían el poder, en última instancia, eran los jueces. Al respecto, Schmitt, Legalidad y legitimidad, Buenos Aires: Struhart& CIA. 2010., págs. 21 y ss.
[28] Lambert, E., El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en Estados Unidos, Tecnos, Madrid, 2010, págs. 14-15.
[29] United States Supreme Court. “Marbury v. Madison”, (1803). Argued: Decided: February 1, 1803. 5 U.S.; 136-177.
[30] Fukuyama, Orden y decadencia de la política, cit., pág. 215.
[31] Galbraith, J. K., El crac de 1929, Ariel, Barcelona, 2008.
[32] Murray, R. N., La gran depresión, Unión Editorial, Madrid, 2014.
[33]Zakaria, F., El futuro de la libertad. Las democracias “iliberales” en el mundo, Taurus, Madrid, 2003.
[34] Sir Ilbert, C. P., Parlamento, su historia constitución y práctica, Labor, Barcelona, 1930, pág. 42.
[35] Zaffaroni, E. R., El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, cit., págs. 24 y ss.
[36] Morcan J. y Morcan L., Arruinando el tercer mundo, cit., págs. 6 y ss.
[37] Forbes, “World Bank Spins Out Of Control”, 19 de diciembre de 2012.
[38] Morcan J. y Morcan L., Arruinando el tercer mundo, cit., págs. 17 y ss.
[39] Grosso García, M. S., Principio de legalidad, cit., págs. 392 y ss.
[40] El Pájaro Rojo, “CORRUPCIÓN PRO: la caza de brujas contra gobiernos anteriores no tapa los propios delitos”, Buenos Aires, 8 de agosto de 2018.
[41] El comercio, “DilmaRousseff defiende <> de Lula y denuncia persecución política”, Lima, 5 de abril de 2018.
[42] Schedler, A. (2013). La política de la incertidumbre, cit., págs. 96 y ss.
[43] Kaiser, A./Álvarez, G., El engaño populista. Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos, Ariel, Bogotá, 2016.
[44] Vargas Llosa, A./Apuleyo Mendoza, P./Montaner, C. A., Manual del perfecto idiota sudamericano, Plaza & Janes, Barcelona, 1996.
[45] Morcan J. y Morcan L., Arruinando el tercer mundo, cit., págs. 26 y ss.
[46] Chomsky, N., Año 501. La conquista continúa.Madrid: Libertarias/Prodhufi. 1993.
[47] Zaffaroni, E. R., El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, cit., págs. 6 y ss.
[48] Centeno, M. A., Sangre y deuda. Ciudades, Estado y construcción de nación en América Latina, cit., págs. 96 y ss.
[49] Dawkins, R., El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta, Salvat, Barcelona, 2002.
[50] Méndez-Díaz, M.; López Mejía, D.; Valdovinos de Yahya, A.; Mendoza-Fernández, V., (2009), “El sistema límbico y las emociones: empatía en humanos y primates”, en Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2009), vol. 17, N° ° 2, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, págs. 60-69.
[51] Hume, D., Tratado de la naturaleza humana, Tecnos, Madrid, 1992, págs. 390 y ss.
[52] Harari, Y. N., 21 lecciones para el siglo XXI, Debate, Barcelona, 2018, págs. 26 y ss.
[53] El Mundo, “La corrupción se come a Rusia”, Madrid, enero de 2016.
[54] El País, “Corrupción en China. Los papeles del ‘Chinaleacks’ destapaban una trampa de irregularidades propiciadas por el régimen”, Madrid, enero 23 de 2014, disponible e: https://elpais.com/elpais/2014/01/22/opinion/1390423079_914419.html.
[55] El Confidencial, “España toca fondo en percepción de corrupción y registra su peor posición”, Madrid, 25 de enero de 2017, disponible e: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-25/espana-corrupcion-transparencia-internacional_1321461/.
[56] El Economista, “El lastre de la corrupción le cuesta cien mil millones en cien años”, Madrid, junio de 2018, disponible e: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9229947/06/18/El-lastre-de-la-corrupcion-le-cuesta-a-Italia-100000-millones-en-10-anos.html.
[57] Tilly, C., Coerción, capital y los Estados europeos, Alianza, Madrid, 1992.
[58] Cicerón, M. T., “Segunda catilinaria”, en Obras completas, cit., Vida y Discursos, T. IV, pág. 132.